Denuncia por prevaricato

Denuncia por prevaricato y desobediencia a la autoridad entablada por varios ciudadanos contra los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones por sus actuaciones durante la campaña de referendo del Tratado de Libre Comercio (TLC).

DENUNCIA POR PRESUNTO DELITO DE PREVARICATO y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD

CONTRA : MAGISTRADA Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.

PRESENTADA POR : JOSE MIGUEL CORRALES BOLAÑOS, CÉLIMO GUIDO CRUZ Y OTROS.

Asunto : Presentación

Señor

Dr. Don Luis Paulino Mora

Presidente

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

San José

Los firmantes, JOSE MIGUEL CORRALES BOLAÑOS, cédula 3-135-095, CELIMO GUIDO CRUZ, con cédula de identidad número 6-098-1102, EUGENIO TREJOS BENAVIDES, cédula 9-041-880, JOSE MERINO DEL RIO, cédula 8-046-244, OSCAR ANDRES LOPEZ ARIAS, cédula número 1-789-915, MARIANO FIGUERES OLSEN, cédula número 1-0606-0946, KIRA De la ROSA ALVARADO, cédula 8-066-369, WALTER ANTILLON MONTEALEGRE, cédula 1-221-295, OSCAR CAMPOS CHAVARRIA, cédula 5-172-790, MARIA DAGMARE FACIO FERNÁNDEZ, cédula 1-339-511, JOSE RAFAEL QUESADA JIMÉNEZ, cédula 1-510-834, GUILLERMO ELADIO QUIRÓS ALVAREZ, cédula 1-354-194, STEVEN ALFARO ARNÁEZ, cédula 1-978-862, con todo respeto ante su autoridad presento formal denuncia contra la Magistrada y los Magistrados del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, que individualizo enseguida por el presunto delito de PREVARICATO Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD.

I. INDICACIÓN DE PRESUNTOS AUTORES :

La Magistrada y Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones denunciados son : LUIS ANTONIO SOBRADO GONZÁLEZ, EUGENIA MARIA ZAMORA CHAVARRIA y MAX ALBERTO ESQUIVEL FAERRON.

II. RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS :

De la resolución número 3521-E2007, dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones, a las 13:00 horas del 21 de diciembre de 2007, me permito transcribir en lo conducente, sus RESULTANDO así como el POR TANTO de la misma :

“RESULTANDO

1.- En escrito presentado ante la Secretaría del Tribunal el 13 de noviembre de 2007, el señor Fabián de Jesús Pacheco Rodríguez y otros ciudadanos solicitan la autorización de este Tribunal para la recolección de las firmas necesarias en orden a convocar al pueblo costarricense a un referéndum vía iniciativa popular en el año 2008 respecto a los proyectos de “Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales” (expediente legislativo n.° 16.327) y de la ley de “Aprobación del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales” (expediente legislativo n.° 16.590) (folios 3-26).

2.- Este Tribunal, en la sesión n.° 112-2007 celebrada el 15 de noviembre del 2007, conoció la gestión referida en el resultando anterior y dispuso remitir el asunto al Magistrado que por turno correspondiere (folios 1-2).

3.- Este Tribunal, en auto de las 15 horas del 28 de noviembre de 2007, remitió la gestión al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para que procediera a evaluar el texto de los proyectos normativos desde el punto de vista formal y se pronunciara al respecto, conforme lo dicta el artículo 6 inciso c) de la Ley sobre la Regulación del Referéndum, n.º 8492. En dicha oportunidad el Tribunal precisó que “(…) el Departamento citado propondrá a este organismo electoral, como parte del informe, la explicación de los textos objeto del referéndum que figuraría en el formulario para la recolección de las firmas, así como la pregunta o preguntas que se formularían a la ciudadanía y que aparecerían en la papeleta (…)” (folio 43).

4.- En oficio n.º CON-080-2007 presentado ante la Secretaría del Tribunal el 11 de diciembre de 2007, la señora Gloria Valerín Rodríguez, Directora del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, presentó el resultado de la revisión formal de la gestión incoada por el señor Pacheco Rodríguez y otros ciudadanos, a efectos de que se autorice a recolectar firmas para convocar a referéndum vía iniciativa ciudadana en el año 2008, en relación con lo cual indicó, entre otras cosas, que el Departamento a su cargo no hace consideraciones sobre el texto de la “Aprobación del Convenio internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales”, pues se trata de un convenio internacional que no puede ser modificado; en cuanto al texto de la “Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales”, planteó las correcciones respectivas en un documento adjunto. Asimismo propuso a este Tribunal el resumen explicativo de ambos proyectos y la pregunta que debía formularse sobre los textos sometidos a referéndum, en los siguientes términos: “¿Aprueba usted los proyecto (sic) de ley: “Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales”, tramitado bajo el expediente legislativo N° 16.327, publicado en La Gaceta N° 163 del viernes 25 de agosto de 2006, y el “Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991”, tramitado bajo el expediente legislativo N° 16.590 y publicado en La Gaceta N° 79 del miércoles 25 de abril de 2007? “Sí / “No”.” (folios 47-99).

5.- Mediante oficio n.° CON-082-2007 presentado ante la Secretaría del Tribunal el 12 de diciembre del 2007, la señora Gloria Valerín Rodríguez, Directora del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, evacuó la consulta verbal formulada por la señora y los señores Magistrados de este Tribunal, sobre la mayoría requerida para aprobar en la Asamblea Legislativa los proyectos: “Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales”, expediente legislativo n.° 16.327, y “Aprobación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales”, expediente legislativo n.° 16.590, señalando que, revisados los textos se confirman los criterios externados por esa asesoría, en el oficio n.° 212-2006 del 19 de diciembre de 2006 que contiene el Informe Integrado sobre el proyecto de ley del expediente n.° 16.327, y el oficio n.° ST. 214-2007 del 18 de octubre de 2007 relativo al Estudio sobre el proyecto de ley del expediente n.° 16.590, en los que se concluyó que las iniciativas requieren de mayoría simple para su aprobación, de conformidad con el artículo 119 constitucional (folios 100-177) (...)”

“ POR TANTO

Se autoriza la recolección de firmas, en los términos señalados en los artículos 6 inciso e), 7 y 8 de la Ley sobre Regulación del Referéndum. Se ordena la publicación del proyecto de “Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales”, según el texto modificado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa; por innecesario, se omite ordenar la publicación del proyecto de ley de aprobación del “Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales”. Se ordena a la Coordinación de Programas Electorales diseñar los formularios separados que este Tribunal deba autorizar para la recolección de firmas, los cuales contendrán la siguiente identificación: “Respaldo la convocatoria a un referéndum para que la ciudadanía apruebe o impruebe el “Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991”, tramitado bajo el expediente legislativo n.° 16.590 y publicado en La Gaceta N° 79 del 25 de abril de 2007” y “Respaldo la convocatoria a un referéndum para que la ciudadanía apruebe o impruebe el proyecto de “Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales”, tramitado bajo el expediente legislativo n.° 16.327, publicado en La Gaceta n.° 163 del 25 de agosto de 2006.“; además, llevarán las leyendas explicativas propuestas por el citado Departamento de Servicios Técnicos. Se aclara que la autorización conferida no suspende la tramitación legislativa de los referidos proyectos, lo cual únicamente se produciría con la eventual convocatoria a referéndum, en los términos del artículo 11 de la indicada ley, y que dicho efecto suspensivo sólo alcanzaría su votación en el plenario legislativo. POR IMPERATIVO CONSTITUCIONAL, ESA CONVOCATORIA NO PODRÍA DISPONERSE ANTES DEL 7 DE JULIO DEL 2008 NI EL REFERÉNDUM CELEBRARSE ANTES DEL 7 DE OCTUBRE DE ESE AÑO, COMO TAMPOCO SEIS MESES ANTES O DESPUÉS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE FEBRERO DEL 2010. Notifíquese.” En el original no se encuentra subrayado, en negrilla ni mayúscula.

PREVARICATO. Análisis de la figura delictual

El primer apartado del artículo 350 del Código Penal dice:

“Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que DICTARE RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA LEY, O LAS FUNDARE EN HECHOS FALSOS…”

En el caso que examinamos, tenemos como hipótesis que el TSE, un órgano administrativo colegiado, habría dictado ‘resoluciones contrarias a la ley’. En consecuencia, nos limitaremos a analizar este aspecto del tipo penal.

Entonces, ¿Qué significa dictar resoluciones contrarias a la ley?

Según el artículo 102, inciso 9) de la Constitución Política, el TSE tiene el poder-deber de “…Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los procesos de referéndum…”

En el cumplimiento de esas actividades el TSE dictará diversas resoluciones que tendrán que estar respaldadas en la Constitución y/o en la ley; y para ello debe entonces interpretar los correspondientes textos normativos, para escoger y aplicar las normas atinentes en cada caso.

En efecto, como todo órgano dotado de potestades decisorias, el TSE puede y debe necesariamente realizar operaciones de interpretación de los textos normativos relacionados con su materia (Art. 102, inciso 3, ibídem), para determinar su pertinencia, sentido y alcance en relación con la decisión de las distintas situaciones que se le presentan.

Interpretar un texto es precisamente identificar las normas que contiene; y por eso la operación mental de interpretar se da siempre: en todos los casos en que se trate de aplicar el derecho a los hechos demostrados.

De ahí que, cuando hablamos de “resoluciones contrarias a la ley” nos referimos a resoluciones que contienen interpretaciones contrarias a la aplicabilidad, sentido y alcance de un texto constitucional o legal, examinado a la luz de las reglas de una sintaxis y una semántica “correctas”. Pero ¿quién determina cuáles son esas reglas sintáctica y semánticamente correctas? Esta es la tarea y el fin de la doctrina jurídica, fruto del esfuerzo y el talento de generaciones de estudiosos: el estudio y aprendizaje de la doctrina jurídica ofrecen al intérprete un saber y unas destrezas que le ayudaràn a encontrar soluciones hermenèuticas lo más correctas posible.

Y es gracias a esto que la operación mental de interpretar los textos normativos en busca de las normas que los mismos encierran, es una actividad ‘controlable’ bajo la guía de la doctrina jurídica.

Aunque sea cierto que muchas veces no es fácil dictaminar en términos exactos, matemáticos, que una determinada interpretación es la correcta, y que las demás son falsas; también lo es que en muchos casos la interpretación que se analiza aparece como evidentemente errónea, insostenible, paladinamente contraria al sentido y/o alcance del texto legal que dice interpretar. Y entonces en tales casos estaríamos sin ninguna duda frente a resoluciones judiciales o administrativas ‘contrarias a la ley’.

Lo cual sin embargo no es suficiente para considerar mecánicamente que dichas resoluciones tipifican ya, con la sola base de sus elementos descriptivos, el delito de prevaricato. La jurisprudencia ha dicho, con evidente razón (por ejemplo, en Res. 2003 – 01101 de la Sala Tercera), que para que haya prevaricato no basta una interpretación errónea del texto legal: se requiere el dolo, es decir, la conciencia clara en el intérprete de que la versión hermenéutica postulada en la resolución es contraria al sentido y/o al alcance del texto interpretado.

Pero el dolo, esa ‘conciencia de obrar mal’ que anida en la mente del autor, es un estado interior: intrapsíquico; ¿cómo entonces demostrarlo? Se demuestra (con un grado variable de dificultad) mediante una labor de contrastación, combinación y composición (en una unidad ideal) de las manifestaciones externas de la conducta del agente.

Y así, en el caso del prevaricato (pongamos un ejemplo obvio) podemos inducir que hay dolo cuando, junto con la interpretación aberrante, desatinada del texto, comprobamos además que el autor de la resolución es amigo de la parte favorecida con ella; o es enemigo de la parte perjudicada; o ambas cosas. La combinación y la composición de ambos elementos, objetivo y subjetivo: interpretación ilógica y amistad o enemistad con el destinatario de la resolución, podrían inducir al juez penal a considerar que se trata de un quebrantamiento doloso del texto legal, esto es: prevaricato.

La complejidad de la operación mental de interpretar dificulta mucho la tarea de distinguir cuándo hay prevaricato y cuándo, en cambio, habría que descartarlo porque se trata de una interpretación inocente: tal vez discutible, pero plausible. Lo cual (y sólo para los efectos del caso que nos ocupa) nos conduce a tener que discernir al menos tres grandes categorías de resultados en la tarea hermenéutica:

a) interpretación inequívoca (con un grado relativamente alto de certeza del resultado, de acuerdo con las reglas ‘correctas’ antes aludidas;

b) interpretación discutible, pero plausible (con un grado de razonabilidad más o menos aproximado o equivalente al de otras posibles interpretaciones del mismo texto); y

c) interpretación aberrante (con un grado de ilogicidad más o menos chocante, a la luz de las mencionadas reglas ‘correctas’).

Aquí nos interesan las categorías b) y c) que aluden, por su orden, a la interpretación discutible y a la aberrante; porque la categoría a) quedaría, por definición, fuera de los límites del tipo penal del artículo 350 ibídem.

Nos parece entonces que un método razonable para determinar la presencia o ausencia de prevaricato en una resolución (judicial o parajudicial) es el de combinar el elemento objetivo (el texto que contiene la interpretación del agente) con el elemento subjetivo (esfera de intereses, afectos o presiones en las que el agente se encuentra afectado o implicado). Y en este punto nos parece oportuno formular dos reglas:

i) en la medida en que el elemento objetivo ocupa el grado inferior de la categoría c), en esa medida se reduce hasta casi desaparecer, la influencia del elemento subjetivo; y viceversa:

ii) en la medida en que el elemento subjetivo se acerca al grado superior de la categoría b), en esa medida se reduce, hasta casi desaparecer, la influencia del elemento objetivo.

Estamos en el primer caso cuando no hay rastro ninguno de animosidad del juez hacia el imputado, pero la interpretación que lleva a la condena es completamente disparatada, claramente contraria al sentido del texto a interpretar. En tal caso (si excluimos la oligofrenia del juez) es plausible un juicio positivo de prevaricato.

Y estamos en el segundo caso cuando el juez ha manifestado su deseo de condenar al imputado, y su sentencia condenatoria se apoya en una interpretación discutible que (siendo igualmente plausible que otras interpretaciones) conduce al cumplimiento de aquel deseo. Aquí también es razonable presumir la comisión del prevaricato.

LA SITUACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.

a) El elemento subjetivo.

El Presidente Arias ha descubierto que una manera efectiva de ocultar sus intenciones es publicándolas. Así, cuando dijo que se proponía instaurar una dictadura en democracia, nadie reaccionó con la vivacidad que requería semejante atrocidad, tal vez debido a incredulidad, por lo extremadamente grave de la situación en que, de ser aquello cierto, el País quedaría colocado.

Pero la verdad es que él, Arias, ya venía de tiempo atrás colocando estratégicamente sus fichas en el tablero organizacional del Estado; preparando las condiciones para, una vez “electo democráticamente”, gozar de poderes dictatoriales “conforme a la ley”.

Y en efecto, poniendo a la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, las cúpulas de las instituciones autónomas, las municipalidades, etc., a vibrar en una misma longitud de honda con el Poder Ejecutivo, se puede hacer cualquier cosa sin riesgo de chocar con la ley; máxime si, por añadidura, se tiene el apoyo de los principales medios de comunicación de masas y la bendición del Imperio.

Y así se produjo, por ejemplo, la jurídicamente imposible habilitación para la reelección presidencial, a contrapelo de la Carta. Y así también ocurrió que, de las más de una decena de formas de violaciones constitucionales imputadas a centenares de disposiciones del TLC, a lo largo y ancho de sus dos mil seiscientas páginas, la mayoría de la Sala Constitucional ¡no encontró que se hubiera incurrido en la más pequeña transgresión! (¿no es un modelo de perfección y de armonía ese tal TLC?)

Dicho sea lo anterior como preámbulo general. Pero en lo que hace al Tribunal Supremo de Elecciones, que es lo que ahora nos interesa analizar, para todos está claro que desde hace varios años se da maña para no enterarse, no admitir, excusarse, aducir falta de presupuesto, rechazar por la forma, rechazar por el fondo, alegar lagunas en la ley, etc., para al cabo resolver siempre a favor y nunca en contra de los intereses presidenciales.

La cúpula del bipartidismo ha dominado por años la elección de los magistrados de la Corte; ésta a su vez nombra a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Y el resultado está a la vista, si examinamos los antecedentes y la trayectoria de esta y estos señores: lo menos que puede decirse, repetimos, es que ‘casualmente’ muestran en sus actuaciones (y también en sus omisiones) una puntual coincidencia con los planteamientos y los intereses presidenciales.

b) El elemento objetivo.

1. EN RELACIÓN CON EL REFERENDUM DE OCTUBRE DE 2007. Dicho proceso fue argüido de nulidad, en vista de la imponente mole de ilicitudes cometidas por el Poder Ejecutivo, la administración Bush, multitud de empresarios nacionales y transnacionales, los más poderosos medios de comunicación de masas, etc., todo lo cual tuvo el efecto de enajenar la libre voluntad de decidir de centenas de miles de costarricenses. La nulidad se intentó a través de sendos escritos presentados al Tribunal por varios ciudadanos el 19 de Octubre de 2007.

Pero el Tribunal Supremo de Elecciones, en su resolución número 2941-E-2007 de las 11;30 horas del 22 del mismo mes, rechazó de plano dichas gestiones por considerarlas extemporáneas con base en el artículo 144 del Código Electoral. Dijo el Tribunal:

“…la normativa electoral establece un plazo de tres días para presentar la demanda de nulidad, el cual debe contabilizarse a partir del momento en que se entregó la documentación que se ha de escrutar. ( ) En el caso de las gestiones interpuestas, en tanto la pretensión es la nulidad de las votaciones, el plazo debe contarse a partir del martes 9 de octubre de 2007, pues fue en ese momento que se tuvo la documentación para iniciar el escrutinio (ver acta de este Tribunal número 1 del 9 de octubre del 2007, sesión matutina, mediante la cual se dio inicio al escrutinio de votos definitivo). ( ) A la luz de lo expuesto, dado que el plazo empezó a correr a partir del día 9 de octubre del 2007 con el inicio del escrutinio definitivo por parte de este Tribunal, y que las gestiones que nos ocupan se presentaron el 19 de octubre del 2007, resultan improcedentes por extemporáneas, toda vez que sobradamente se superó el plazo de tres días que establece el citado artículo 144 del Código Electoral …”

“…Las causales de nulidad de los actos electorales se encuentran expresamente previstas en el ordenamiento jurídico, en este caso, en el artículo 142 del Código Electoral, el que establece, como condición de admisibilidad, que las respectivas demandas precisen el “texto legal que sirve de fundamento al reclamo” (artículo 144 párrafo segundo del Código Electoral). ( ) El numeral 142 del Código Electoral, por su parte, regula taxativamente las causales o razones que permiten acceder al contencioso electoral de demanda (sic) de nulidad, al establecer: “…a) El acto, acuerdo o resolución de una Junta ilegalmente integrada, ilegalmente reunida o que funcione en lugar diferente a los fijados conforme con esta ley; b) El Padrón-Registro, acta, documento, inscripción, escrutinio o cómputo que resultare de modo evidente no ser expresión fiel de la verdad; c) La votación y elección recaídas en persona que no reúna las condiciones legales necesarias para servir un cargo; y las que se hagan contra los mandatos de la Constitución y de este Código…” ( ) En el caso concreto, del análisis de los hechos o conductas denunciadas en los tres escritos presentados por los interesados, ninguno de ellos se fundamenta o se encuadra dentro de las causales de nulidad previstas taxativamente en el citado artículo 142 del Código Electoral, las cuales el legislador optó por establecer como las únicas que podrían provocar la nulidad en los procesos electorales…” (las negritas y el subrayado son nuestros)

Los señores magistrados del Tribunal coinciden con nosotros en afirmar que los textos legales escogidos por ellos para resolver la cuestión, es decir, los artículos 142 y 144 del Código Electoral, no se aplican a las gestiones dirigidas a que se anule nada menos que todo un proceso de referéndum que fue desvirtuado mediante el uso abusivo del poder, el prestigio y la riqueza.

¡Claro que no se aplican! Y para convencerse de ello basta un brevísimo análisis de dichos artículos:

Porque, en efecto, el artículo 142 del Código electoral se refiere a las condiciones y mecanismos de la elección de autoridades, a saber: a) Ilegalidad en la constitución de las juntas receptoras; y alteración del lugar o el momento de su funcionamiento; b) falsedad en los datos y actos básicos (padrón, acta, escrutinio); c) votación y elección de persona sin las condiciones legales (menor de edad, extranjero); o que contraríen mandatos de la Constitución (por ejemplo, no pueden ser diputados los enumerados en el art. 109) o del Código electoral ( por ejemplo, art. 77, no puede postularse simultáneamente como candidato a diputado para diferentes provincias).

Repasando los casos enunciados se explica uno por qué motivos el artículo 144 del Código electoral conmina a presentar gestiones de nulidad, en razón de las irregularidades que menciona, dentro de un plazo exiguo y perentorio: TRES DÍAS; puesto que se trata de irregularidades que, o resultarán de hechos que tienen la condición de notorios; o de papeles de identidad a la mano; o de los propios documentos y registros que intervienen en el acto y lugar de la votación.

Y entonces, si la aplicación del art. 144 resulta dudosa incluso en casos puramente electorales ¿cómo pretende el Tribunal Supremo de Elecciones aplicarlo a hechos que, como seguidamente reconoce, no caben de ninguna manera dentro de los supuestos del artículo 142? Porque es obvio que en el caso presente no estamos, por cierto, ante la nulidad de la elección de un alcalde que ocultó haber sido multado por ebriedad u hostigamiento sexual; o de una mesa en la que se invalidaron votos correctamente emitidos. ¿quiere el Tribunal convencernos de que no puede entender la enormidad de la diferencia entre ambas situaciones?

¿Cómo sostener el despropósito de que el exiguo plazo del artículo 144 del Código electoral, previsto para meras incidencias electorales, puede ser aplicado a un caso de lesa patria, como es el despojo de la libertad de elegir de miles de costarricenses?

¿Cómo, en virtud de cuáles argumentos, podríamos extender la aplicación de aquella regla ‘limitativa de derechos’ a una problemática inconmensurablemente más amplia e importante, extraña a su materia porque excede por todos los confines el campo de lo meramente electoral?

¿Cómo sostener la enormidad de afirmar que los gravísimos hechos denunciados en el Incidente que se rechazó no servían para sustentar nuestro pedido de nulidad porque no aparecen mencionados en los incisos del artículo 142 del Código electoral?

¿Cómo sostener la enormidad de afirmar que la amenaza general de cientos de empresarios felones, de abandonar el País (y dejar a sus trabajadores sin empleo) si el NO ganaba el referéndum; la amenaza de altos personeros del gobierno Bush, bombardeada intensamente por los medios incluso el día mismo del referéndum, diciendo que aquél no renegociaría el convenio, y que se perdería la Cuenca del Caribe, si ganaba el NO; la campaña del Presidente, ministros y colaboradores, ofreciendo regalos, distribuyendo bonos de gasolina, distribuyendo ‘diarios’ en los barrios humildes; tales hechos y otros igualmente graves, repito, pueden ser ignorados por el Tribunal Supremo de Elecciones porque no están previstas en el citado artículo 142 ibídem?

Lo que va emergiendo cada vez más claramente es que los señores Magistrados electorales, que afirman la inaplicabilidad del artículo 142 ibídem a los hechos denunciados, se niegan a asumir la actitud viril y ciudadana de jueces dispuestos a hacer justicia empleando a fondo los instrumentos que el sistema jurídico pone a su disposición; y evitando la interpretación correcta de la situación aquí planteada, que los hubiera llevado lógicamente a reconocer su extraordinaria gravedad nacional, eluden maliciosamente el recurso a los principios generales del derecho, según lo autorizan el artículo 114 de la Ley Orgánica del propio Tribunal, y supletoriamente el artículo 159 del Código electoral.

En efecto, ante hechos tan graves y violatorios como los cometidos por el Presidente, los vicepresidentes, los ministros y toda una pléyade de gentes poderosas, si el Tribunal hubiera tenido en algún momento la intención de zanjar el conflicto con criterios de justicia, habría aplicado al caso el artículo 114, en relación con el 1º, ambos de su Ley Orgánica, que dicen:

“Artículo 1º. La organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, corresponden en forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeño de su cometido. Del Tribunal dependen los demás organismos electorales.”

Artículo 114. Con relación a las materias de que trata esta ley, a falta de disposición expresa se estará a los principios generales de Derecho. La apreciación de la prueba se hará conforme a las reglas de la sana crítica.”

Es bueno que recordemos aquí que, como lo aclaró hace tiempo la Sala Constitucional (Res: 2002-08867), el referéndum es un proceso de sufragio (aunque no un proceso electoral), de manera que violaciones tan graves como las que se pusieron en manos del Tribunal Supremo de Elecciones el 19 de Octubre de 2007 merecían un tratamiento de pareja o similar magnitud, que obviamente no era el ofrecido por el artículo 144 del Código Electoral, destinado a dirimir peripecias relacionadas con cédulas de identidad, mesas, juntas y fiscales.

Nada de eso podía escapar a la perspicacia de un Tribunal que, si hubiera estado dispuesto a resolver el caso con sentido de la justicia, habría asumido la responsabilidad de resolver el caso con apoyo en las amplísimas facultades que la Constitución y la ley le otorgan; y habría manejado en forma razonablemente realista el asunto del término dentro del cual proceder frente a los delitos cometidos.

Porque precisamente un PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO PROCESAL (porque el incidente de nulidad es un fenómeno procesal) establece la proporcionalidad entre la gravedad del daño que el acto viciado produce y la duración del término para reaccionar contra él. Por eso no es igual el término para pedir revocatoria de un auto (3 días) que el término para interponer casación penal (15 días).

Con las opciones hermenéuticas de rechazar el caso por no encuadrarse el mismo en las causales del artículo 142, y de escoger la normativa del artículo 144 ibídem, excluyendo la de acudir a los principios generales del derecho y crear de este modo una normativa apropiada a la gravedad de la situación presentada, el TSE se decidió con plena conciencia por invocar dos normas visiblemente inadecuadas, PERO QUE LE PERMITÍAN COMPLACER A LOS SEÑORES ARIAS Y A LAS OLIGARQUÍAS; Y BUSCÓ DE ESTA MANERA TRONCHAR DE UN TAJO LAS PRETENSIONES CIUDADANAS A QUE SE INVESTIGARAN LAS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS.

En conclusión:

Tenemos aquí, en la resolución del TSE de las 11;30 horas del 22 de Octubre de 2007 que rechaza de plano, por extemporáneas, las gestiones de nulidad planteadas contra el proceso de referéndum del 7 del mismo mes, la conjunción entre el elemento objetivo (una opción aberrante por la aplicación al caso de los artículos 142 y 144 del Código Electoral) y el elemento subjetivo (la intención de favorecer a los titulares del poder político y económico). Lo cual significa que los miembros de dicho Tribunal cometieron en tal caso el presunto delito de prevaricato.

2. EN RELACIÓN CON EL REFERENDUM DE UPOV. El artículo 11 de la Ley sobre Regulación del Referéndum establece literalmente:

“Artículo 11. Convocatoria oficial a referéndum. Cuando se haya reunido satisfactoriamente un número de firmas equivalente al menos a un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, se tendrá por convocado el referéndum. El TSE hará la convocatoria oficial del referéndum comunicándolo así en La Gaceta, dentro de los siete días hábiles siguientes, y procederá a la organización y demás actos administrativos necesarios para realizar la consulta, la cual deberá efectuarse dentro de los tres meses siguientes a la publicación del aviso.”

Es público y notorio que este referéndum se ha planteado como un remedio extremo que permitiría la intervención salvadora de la comunidad costarricense frente a un proceso legislativo despojado de todo fundamento democrático. Estamos de nuevo apelando a un medio que permitirá saber cuál es la voluntad soberana en la materia, y ese intento merece el mayor respeto de parte de los órganos a los que se confía su administración, particularmente el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Pero estamos contra el tiempo, ya que la mayoría mecánica en la Asamblea trata desesperadamente de hacer pasar la ley y el convenio UPOV en el menor tiempo posible, con lo cual entraríamos en una situación inédita en el campo constitucional, en la que, tal como están las cosas, las comunidades y las organizaciones que se oponen a las embestidas neoliberales del gobierno Arias llevarían las de perder.

En ese contexto, hemos estudiado con la mayor atención las disposiciones tomadas por el TSE para regular los distintos aspectos del proceso de referéndum solicitado por la FECON y otras organizaciones, y encontramos que el TSE ha cambiado de criterio en menos de un año, esto es, de Mayo a Diciembre del 2007, y lo ha hecho adoptando por último una solución que implica una interpretación aberrante del texto del artículo 11 de la Ley sobre Regulación del Referéndum.

En efecto, en la resolución Nº 977-E-2007 de las 14:30 horas del 2 de mayo de 2007 el TSE había manifestado que:

“En el caso del referéndum legislativo como actos preparatorios tenemos los contemplados en los incisos a) y b) del artículo 12; en el de iniciativa conjunta Poder Ejecutivo-Legislativo, el señalado por el inciso a) del artículo 13; y en el de iniciativa ciudadana, los prescritos por los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley. Una vez completados estos requisitos preliminares, se debe cumplir en todos los casos con uno adicional, que opera como condición para que la expectativa adquiera relevancia jurídica:

En el Legislativo: “Que concurran dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa para la aprobación del acuerdo.“ (artículo 12 inciso c).

En el de iniciativa conjunta Poder Ejecutivo-Legislativo: “La Asamblea, mediante acuerdo aprobado por la mayoría de la totalidad de sus integrantes, decidirá someter o no a referéndum (...)” (artículo 13 inciso b).

En el de iniciativa ciudadana: “Cuando se haya reunido satisfactoriamente un número de firmas equivalente al menos a un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, se tendrá por convocado el referéndum” (artículo 11), una vez verificada su autenticidad por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (artículo 9 in fine).

Si estas condiciones no se cumplen, la expectativa no llega a alcanzar relevancia jurídica ni mucho menos la eficacia buscada con la gestión y tutelada como tal por el ordenamiento jurídico que, como se ha dicho, es precisamente la realización de la consulta, que no será posible.” (Énfasis agregado)

En cambio la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones Nº 3521-E-2007 de las 13:00 horas del 21 de diciembre de 2007 estableció en su parte considerativa, en lo que interesa, lo siguiente:

“Existe un mandato constitucional que obliga a que transcurran no menos de doce meses desde la última votación consultiva y la siguiente. Por ello, en la situación presente no podrá celebrarse un referéndum antes del 7 de octubre del 2008. Ahora bien, dado que el artículo 11 de la Ley sobre Regulación del Referéndum señala que la consulta popular debe efectuarse dentro de los tres meses siguientes a la publicación del aviso de convocatoria oficial a referéndum, tampoco podría convocarse con antelación al 7 de julio del 2008.

(...)

Bajo esa línea de análisis, la limitación temporal para la convocatoria a referéndum no afecta la autorización para la recolección de firmas, en tanto se trata de una simple actividad preparatoria de la eventual convocatoria, siendo que la limitación del año aplica únicamente para el acto formal de la convocatoria de referéndum y la celebración del acto comicial.

Cabe señalar a los gestores que, aún cuando el proceso de recolección de firmas tardare menos del plazo máximo previsto legalmente, este Tribunal no se encuentra facultado para realizar una consulta popular sino hasta transcurrido un año contado a partir de la fecha de la última consulta, según se indicó en el considerando anterior.

Queda con lo transcrito, que los Magistrados, al dar esta interpretación, lo hacen en contra de la letra y el espíritu de la Ley, para favorecer los intereses del Presidente Arias y un grupo. El dolo, según nuestro criterio, está perfectamente demostrado.

Continúa indicando la resolución de marras :

Así las cosas, los proyectos legislativos que ocupan esta gestión continuarán el trámite legislativo correspondiente, pues no existe causa para suspenderlo, de manera que solo existiría motivo de suspensión del referido trámite a partir de que este Tribunal emita la eventual convocatoria oficial a referéndum.

(...)

a) La admisión de las presentes solicitudes para la recolección de firmas del 5% de los ciudadanos registrados en el padrón electoral no tiene, en esta fase procedimental, el efecto de interrumpir la tramitación, por la vía legislativa, de los proyectos de ley que se pretenden someter a consulta popular. Solo en caso de superarse todas las etapas preliminares y, en el momento mismo en que se haga la eventual convocatoria a referéndum, se paralizaría esa tramitación legislativa, la que se entendería suspendida únicamente en cuanto a su votación en el Plenario.” (Énfasis agregado)

A partir de las anteriores consideraciones, el Por Tanto –ya transcrito- de la resolución citada, dispuso que:

“Se aclara que la autorización conferida no suspende la tramitación legislativa de los referidos proyectos, lo cual únicamente se produciría con la eventual convocatoria a referéndum, en los términos del artículo 11 de la indicada ley, y que dicho efecto suspensivo sólo alcanzaría su votación en el plenario legislativo. Por imperativo constitucional, esa convocatoria no podría disponerse antes del 7 de julio del 2008 ni el referéndum celebrarse antes del 7 de octubre de ese año, como tampoco seis meses antes o después de las elecciones presidenciales de febrero del 2010.” (Énfasis agregado)

1. Ahora bien, para entender el significado del artículo 11 es necesario valorarlo dentro del conjunto sistemático al que pertenece. En consecuencia, debemos partir de la idea de que una exégesis de los artículos 2, 9 y 105 de la Constitución, en relación con los artículos 3, inciso a), 4 y 11 de la Ley sobre Regulación del Referendum, nos permite proponer la siguiente sistematización dogmática:

A) El pueblo tiene el poder de AUTOCONVOCARSE para manifestar en un referendum su voluntad suprema sobre una cierta materia (art. 105 C.); dicho poder es una manifestación de la soberanía que al pueblo le pertenece (art. 2 C.).

B) Dicho poder se ejercita mediante un ACTO CONVOCANTE, acto colectivo que consiste en las firmas de al menos el 5% de losciudadanos inscritos en el padrón (art. 105 C. y 3, inciso a), Ley Ref.) y su entrega al TSE.

C) El acto de consignar en manos del TSE los formularios que contienen las firmas (ACTO CONVOCANTE), con observancia de los requerimientos legales (art. 7 y 8 Ley Ref.) produce instantánea y directamente un efecto jurídico: TENER POR CONVOCADO EL REFERENDUM (art. 11 Ley Ref.).

D) El pronunciamiento posterior del TSE acerca del número y autenticidad de las firmas y demás formalidades (art. 9 Ley Ref.) tiene efectos de mera constatación (EFECTO DECLARATIVO).

E) En consecuencia, LA FECHA EN QUE EL REFERENDUM SE TIENE POR CONVOCADO, PARA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS QUE CORRESPONDA, es la de la entrega de los formularios al TSE, y no la del sucesivo pronunciamiento de éste. Menos aún la fecha en que el TSE hace la llamada "convocatoria oficial".

F) La llamada "convocatoria oficial" del referendum que hace el TSE es UN MERO ACTO DE EJECUCIÓN del mandato contenido en el acto de la AUTOCONVOCATORIA del pueblo: como quedó dicho antes, la autoconvocatoria popular al referendum es un acto de soberanía, mientras que la 'convocatoria oficial' del TSE es un acto procesal administrativo de mera ejecución de aquel mandato. Y esa es precisamente la razón por la que el artículo 11 contiene en primer término la proposición cuya especie fáctica es la reunión del número de firmas requerido y cuyo efecto es la convocatoria de pleno derecho; y sólo en segundo término se refiere a la llamada 'convocatoria oficial' a cargo del TSE.

La construcción conceptual que antecede es fruto de la interpretación de las normas citadas a partir de un principio dogmático incontestable: el pueblo es el titular de la potestad soberana. De ahí que nadie puede dudar cuando se discuta entre atribuir a un acto de soberanía del pueblo EL EFECTO DE AUTOCONVOCARSE AL REFERENDUM, según lo establece el primer párrafo del artículo 11 de la Ley sobre Regulación del Referendum; o atribuir dicho efecto a un acto del TSE, con base en algunas desafortunadas palabras contenidas en el segundo párrafo.

Ante las instancias formales que se le han hecho para que rectifique su error y asuma una interpretación semánticamente correcta del artículo 11 citado, el TSE persiste en su lectura aberrante del texto, con el evidente propósito de mantener las condiciones adversas dirigidas a frustrar las aspiraciones populares de celebrar un referéndum que tenga como objeto los proyectos del Convenio y la Ley UPOV. PORQUE ESTÁ A LA VISTA QUE LA INTERPRETACIÓN QUE AHORA SOSTIENE EL TSE CONTRA TODA LÓGICA Y RAZÓN, FAVORECE VISIBLEMENTE LA POSIBILIDAD DE QUE DICHOS PROYECTOS SE APRUEBEN ANTES DE QUE LA “CONVOCATORIA OFICIAL” DEL REFERÉNDUM PUEDA DESPLEGAR SUS EFECTOS SUSPENSIVOS. Esta interpretación aberrante además ha logrado la desmotivación del pueblo para participar en la recolección de firmas, porque han entendido plenamente la maniobra eventualmente dolosa de los magistrados.

El TSE con la resolución que comentamos, también le quitó al pueblo la facultad de convocar a un referéndum en el período de CUATRO AÑOS. Veamos :

La Constitución dice con claridad que seis meses antes y seis meses después de celebrase una justa electoral para elegir presidente, diputados y munícipes, no se podrá convocar a referéndum, esto es, que durante “ese año” el país se encuentra en “veda referendaria” valga el término. Entonces, de los cuatro años de gobierno, quedan solamente tres para convocar a referéndum –uno por año-. Si tomamos la fecha de 07 de octubre de 2007 -como lo dice el TSE- al 07 de octubre de 2008 sería el segundo referéndum, y el 07 de octubre de 2009 el tercer referéndum, CASO EN EL CUAL ÉSTE NO PODRÍA CELEBRARSE PORQUE EN FEBRERO DE 2010 SE LLEVARÁN A CABO LAS ELECCIONES, y para esa fecha (07 de octubre de 2009) no se habrán cumplido los “seis meses antes de las elecciones”, sea seis meses de prohibición constitucional.

Ese galimatías –presuntamente doloso-que hace el TSE ES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA FAVORECER LOS INTERESES DEL PODER EJECUTIVO, A EFECTO DE QUE EL REFERÉNDUM DE U.P.O.V. y del proyecto de Ley a las Obtenciones Vegetales, NO SEA NECESARIO REALIZARLO PORQUE PARA ESE ENTONCES, YA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA HABRÍA TENIDO EL TIEMPO SUFICIENTE PARA APROBAR ESOS PROYECTOS. Por eso es que estimamos que puede haber DOLO por parte del TSE, a la hora de interpretar el artículo 105 de la Constitución Política, y el artículo 2 en su párrafo segundo, de la Ley Reguladora del Referéndum.

Más aún, ellos son víctimas de su propio razonamiento, cuando en el CONSIDERANDO I de la resolución en comentario dicen :

“CONSIDERANDO I.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE EL REFERÉNDUM Y SU REGULACIÓN EN COSTA RICA :
1) (...)

2) Principio pro participación como eje central del instituto del referéndum: Con base en la voluntad del Constituyente Derivado tendente a implementar el mecanismo del referéndum, como foro alternativo de discusión de las decisiones significativas para la vida colectiva, la valoración de los asuntos sometidos a conocimiento de este Tribunal Electoral que pretendan la aplicación de este instituto, DEBE REGIRSE POR EL PRINCIPIO PRO PARTICIPACIÓN POPULAR, ENTENDIDA COMO AQUELLA ACTIVIDAD CIUDADANA DESTINADA A LA DESIGNACIÓN DE SUS GOBERNANTES MEDIANTE EL DERECHO DE ELEGIR Y SER ELECTO, ASÍ COMO LA POSIBILIDAD DE CONTRIBUIR Y CONTROLAR LA FORMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS O DECISIONES ESTATALES DE IMPORTANCIA, PLASMADAS EN UN CUERPO LEGAL O EN LA PROPIA CONSTITUCIÓN.

Como corolario de ese principio pro participación, cualquier limitación que pueda contener el ordenamiento respecto de la admisibilidad de las solicitudes tendentes a la convocatoria de un referéndum, DEBE SER LEÍDO Y COMPRENDIDO EN FORMA RESTRICTIVA (...)” Lo transcrito en este folio, no aparece en su original en negrilla, mayúscula ni subrayado.

¿En qué queda lo escrito por el TSE cuando dice :

“(...) Como corolario de ese principio pro participación, cualquier limitación que pueda contener el ordenamiento RESPECTO DE LA ADMISIBILIDAD DE LAS SOLICITUDES TENDENTES A LA CONVOCATORIA DE UN REFERÉNDUM, DEBE SER LEÍDO Y COMPRENDIDO EN FORMA RESTRICTIVA (...)” En el original no se encuentra en mayúscula, negrilla ni subrayado.

Empero el TSE con la interpretación presuntamente dolosa de los artículos en comentario, le cercena al soberano –el pueblo- la facultad de convocar un referéndum, el del año 2009.

En otro orden de cosas. La convocatoria del TSE a referéndum, para que sea el pueblo quien defina en las urnas electorales si aprueba o no la ley U.P.O.V. y del proyecto de Ley a las Obtenciones Vegetales, está hecha con fraude de ley. Veamos.

El artículo 20 del Código Civil, que está dentro del “CAPITULO III. Eficacia General de las Normas Jurídicas”, dice literalmente :

“Artículo 20.- Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, SE CONSIDERARÁN EJECUTADOS EN FRAUDE DE LA LEY Y NO IMPEDIRÁN LA DEBIDA APLICACIÓN DE LA NORMA QUE SE HUBIERE TRATADO DE ELUDIR.” En texto original no aparece con mayúscula, negrilla ni subrayado.

El TSE con base en la Ley 8492 de 9 días del mes de marzo de 2006, conocida hoy como Ley Reguladora del Referéndum, convoca al pueblo a referéndum para conocer los textos de los Proyectos de “ Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales” expediente legislativo número 16.327, y “Aprobación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales”, expediente legislativo nº 16.590 U.P.OV.). Esto es, lo está haciendo con base en esa ley, pero el resultado final de esa convocatoria NO SE PRODRIA REALIZAR, ya que la Asamblea Legislativa resolvería antes de llevarse a cabo la convocatoria, esto es, persigue un resultado distinto al que se quería con la convocatoria a referéndum. Por eso está ejecutado “en fraude de ley”.

Hoy, el proyecto Tratado Internacional U.P.OV. y la Ley, están aprobados en primer debate y sufren la consulta, que por orden de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, debe hacerse a la Sala Cuarta.

Esto es una prueba evidente de que el TSE con su resolución, está presuntamente incurso dentro de la figura penal del artículo 350 del Código Penal (Prevaricato), porque no son simples errores, sino una burla al mandato constitucional y legal supracitado, que lo hace para ayudarle al Poder Ejecutivo.

Ya al TSE se le ha hecho costumbre violar la Constitución y la Ley, y que los presuntos responsables queden impunes.

Así, en el referéndum convocado el 07 de octubre de 2007, para que el pueblo decidiera sobre si aprobaba o no el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC), violó el artículo 95 de la Constitución Política, inciso 3, cuando dicho canon, en lo conducente señala :

“Artículo 95.- La ley regulará el ejercicio del sufragio de acuerdo con los siguientes principios :

1) (...)

2) (...)

3) Garantías efectivas de libertad, orden, PUREZA E IMPARCIALIDAD POR PARTE DE LAS AUTORIDADES GUBERNATIVAS (...)” En el texto original no aparece con mayúscula, negrilla ni subrayado.

El TSE distingue donde la ley no distingue.

En la resolución Nº 3384-E-2006, de las 11:00 horas del 24 de octubre de 2006, el TSE señala en su CONSIDERANDO II, lo siguiente :

“(...) II. Sobre la competencia de este Tribunal para pronunciarse sobre este tipo de gestiones : (...)

Este concepto de sufragio ha de entenderse en sentido amplio: a través de su ejercicio se determina y manifiesta el contenido de la voluntad popular, no solamente en cuanto al acto de elegir gobernantes, sino también para pronunciarse mediante el plebiscito, el referéndum o cualquier otra forma de consulta sobre cuestiones de interés general, que sean sometidos a pronunciamiento popular. De forma tal que el sufragio es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos ejercen el derecho a participar en la conducción democrática del país, designando a quienes nos representan en el gobierno o manifestando su criterio en relación con asuntos de trascendencia nacional que les sean consultados.

Esta manera de ver las cosas resultó reafirmada con la reforma constitucional que agregó un inciso al artículo 102 de la Carta Fundamental, con el propósito de establecer que es función de este Tribunal “Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los procesos de referéndum ...”.

Bajo este concepto de sufragio, la realización de una consulta popular para pronunciarse sobre un tema de trascendencia nacional, como lo es el TLC, aún cuando sus resultados no sean vinculantes para la Asamblea Legislativa, DEBE SER CONSIDERADA MATERIA ELECTORAL Y POR ENDE, ES ESTE TRIBUNAL EL QUE DEBE PRONUNCIARSE SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DE LA PETICIÓN QUE AQUÍ SE FORMULA (...)” En el texto original no aparece con mayúscula, negrilla ni subrayado.

Señala en lo conducente el CONSIDERADO III, de la resolución 1119-E-2007, de las 14:20 horas del 17 de mayo de 2007, del TSE, lo siguiente :

“(...) III.- ACERCA DEL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD POLÍTICO-PARTIDARIA DE LOS FUNCIONARIO PÚBLICOS : 1 (...), 2) Puede afirmarse, entonces, que la promulgación de la actual Constitución Política trajo aparejado el principio de neutralidad política de los servidores del Estado, en los procesos electorales en los cuales se elige a los representantes populares, en donde, como lo ha hecho ver este Tribunal en reiteradas oportunidades, el bien jurídico tutelado es la pureza del sufragio (...)”.

Más adelante, en el CONSIDERANDO IV agrega, :

“(....) IV.- APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD POLÍTICO-PARTIDARIA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES DE TIPO CONSULTIVO (REFERÉNDUM) : (...)

1) Acotación inicial : Tal como se adelantó a la hora de analizar el sufragio en sus dos dimensiones (electiva y consultiva), en el proceso de consulta popular ESTÁ AUSENTE LA INTERMEDIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. En efecto, contrario al sistema de democracia representativa, en donde se instalan las votaciones de tipo electivo y se genera una contienda político-electoral en la que convergen las distintas fuerzas políticas del país, las organizaciones político-partidarias no son protagonistas del proceso consultivo, PUESTO QUE NO SE ESTÁ EN PRESENCIA DE LA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Y CANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS (artículo 98 constitucional).

2) Tratamiento del problema : Vista la parcialidad o participación política de los servidores estatales como una infracción al deber de neutralidad política, conducta castigada por el eventual beneficio o, la intención de beneficiar a determinada tendencia o partido político, no existe en la Ley, de forma expresa, una regulación en este sentido. Aquellas de sus normas que comportan prohibiciones y sanciones (artículos 20 y 32), no contemplan nada respecto de la participación activa de los funcionarios públicos en el proceso de referéndum.

Tal parece que el legislador, para tal omisión, consideró que no se estaba ante un proceso edificado a partir de los partidos políticos (...)” En el texto original no aparece en mayúsculas, negrilla ni subrayado.

No es cierto lo afirmado por el TSE. La Ley de Regulación del Referéndum, en sus artículos 5, en el Capítulo I, Disposiciones Generales, y artículo 23, en el Capítulo IV, Realización del Referéndum, SEÑALAN QUE EN LO COMPATIBLE SE APLICARÁ EL CÓDIGO ELECTORAL . El artículo 88 de este cuerpo normativo, desarrolló las garantías constitucionales del artículo 95 inciso 3 de la Constitución. ¿Podrá alegarse que hay error de interpretación en normas constitucionales y legales que son claras, que no necesitan interpretación, según la hermenéutica?, ¿o hay un presunto dolo de los magistrados para favorecer al Presidente de la República y sus acólitos para que puedan hacer campaña a favor de sus tesis?.

La Sala Constitucional en el voto 8867-02 tiene reflexiones sobre el referéndum, que son vitales conocer. Dice el voto de marras :

“(...) Tales derechos ( se refiere a los derechos electorales) son fundamentales por su propia naturaleza, y porque constituyen una cuestión vital para el pueblo de Costa Rica, tal como lo expresaron los constituyentes.

El sufragio, como instrumento para la expresión de la voluntad popular, vale lo que valen sus garantías, y la democracia vale lo que vale el sufragio. Todo el sistema de libertades y el sistema político se desploman en su ausencia. En el referéndum, el pueblo retoma su poder originario y, mediante el sufragio, resuelve sobre las normas que regirán su futuro. ANTE UN REFERÉNDUM, LAS AUTORIDADES CONSTITUIDAS DEBEN CEDER EL PASO, HACERSE A UN LADO, DEJAR QUE EL PUEBLO DECIDA Y ACEPTAR SU DECISIÓN. LA GARANTÍA DE “IMPARCIALIDAD POR PARTE DE LAS AUTORIDADES GUBERNATIVAS” ES FUNDAMENTAL. (...)” En el original no está en mayúsculas, subrayado ni en negrilla.

Las resoluciones de la Sala Constitucional son erga omnes articulo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional al TSE. Tiene que acatar lo resuelto en este voto de la Sala y lo ignoró. ¿Por qué lo ignoró?. ¿Qué intención tuvo el TSE al permitirle a las autoridades gubernativas participar activamente en el referéndum del 7 de octubre de 2007?. Lo resuelto por la Sala IV, no se interpreta, SE CUMPLE. Por eso ellos han cometido el delito de desobediencia a la autoridad ( artículo 307 del Código Penal y artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

A mayor abundamiento. El TSE expresamente señaló que los partidos políticos no están dentro del proceso referendario, PERO NO TIENE NINGÚN PUDOR AL PERMITIR ÚNICAMENTE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NOMBRAR FISCALES PARA LAS JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS, dejando prácticamente indefensos a los dos únicos actores del proceso referendario, que son: los partidarios del SI y los partidarios el NO.

Repetimos, señaló que el legislador fue omiso a la hora de imponer sanciones a las autoridades que enuncia el artículo 88 del Código Electoral, que nos habla de la no participación de las autoridades públicas en los procesos electorales, y entonces hace un diferencia entre lo que es el voto para elegir presidente, diputados, munícipes, y el voto para promulgar, reformar o derogar leyes. El diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral ( CAPEL), en página 662, nos define con toda claridad que NO HAY DIFERENCIA entre ambos sufragios, y además, TAMPOCO ES CIERTO QUE EL LEGISLADOR no previera prohibiciones y sanciones para las autoridades que incumplan el mandato del artículo 95 constitucional, desarrollado por el artículo 88 del Código Electoral, en materia de prohibiciones de participación de las autoridades, y el artículo 19, inciso g, en relación con el artículo 85 inciso f, donde se regula la propaganda, y el artículo 80 ( prohibición de distribuir y vender licor) todos del Código Electoral.

Además, como lo referimos supra, el artículo 5 de la Ley Reguladora del Referéndum dice :

“ARTICULO 5.- Normativa supletoria

Para realizar el referéndum, se aplicarán, de manera supletoria, las normas contenidas en el CÓDIGO ELECTORAL. “ En el texto original no aparece en negrilla, subrayado ni en mayúscula.

Es evidente la intención presuntamente dolosa de la magistrada y de los magistrados del TSE, porque su intención fue autorizar al Poder Ejecutivo a usar toda su influencia, tanto económica (Presupuesto Nacional) como propagandística, en beneficio de la tesis que a ese Poder le interesaba. Así como también los recursos económicos de compañías trasnacionales ( Vid La Nación de 02 de setiembre de 2007, páginas 14, 23 y 25 A ). Fue tan grande y amplia la presuntamente dolosa autorización del TSE a favor del Poder Ejecutivo que también desaplicó los artículos 19 y 85 del Código Electoral, en sus incisos g) y f) respectivamente, los cuales –como lo indicamos antes- regulan la materia de la propaganda, permitiéndole al Poder Ejecutivo hacer la propaganda que quiso, inclusive hasta el señor Embajador de los Estados Unidos participó de esa propaganda también durante el período de tregua.

Por eso nos preguntamos ¿HABRÁ HABIDO UNA MALA INTERPRETACIÓN DE LA LEY (artículo 95 constitucional, desarrollado por el artículo 88 del Código Electoral, en materia de prohibiciones de participación de las autoridades, y el artículo 19, inciso g, artículo 85 inciso f, donde se regula la propaganda, y el artículo 80 ( prohibición de distribuir y vender licor) todos del Código Electoral)?, ¿o lo que hubo fue un actuar deliberado, premeditado y de supina ignorancia, para favorecer al señor Presidente de la República, y a sus turiferarios?

Al TSE le corresponde aplicar el artículo 19 inciso g del Código Electoral, que señala :

“Artículo 19.- El Tribunal Supremo de Elecciones tendrá las siguientes funciones : (...)

g-) Regular y fiscalizar el uso razonable y equitativo de los medios de comunicación colectiva que empleen los partidos políticos para su propaganda electoral, durante el período autorizado por este Código, sin perjuicio de la libertad de información y expresión que garantiza la Constitución Política (...)”

Se denunció por escrito el hecho público y notorio, de la violación de la Tregua de Propaganda, que hacía don Oscar Arias Sánchez, don Rodrigo Arias Sánchez, la Primera Vice-Presidenta, señora Licda. Laura Chinchilla Miranda, el señor Embajador de los Estados Unidos de América, don Mark Langdale, y otros funcionarios de gobierno, y NO HICIERON NADA, salvo rechazar ad portas la demanda. ¿No es esto una prueba infalible que la y los señores Magistrados del TSE actuaron con presunto dolo?

Por eso estimamos que en nuestro país, el Estado de Derecho está siendo violado por las autoridades más altas. Por eso sorprende tanto lo escrito por el TSE en la resolución 1119-E-2007, de las 14:20 horas del 17 de mayo de 2007, en su CONSIDERANDO V, cuando dice :

“(...) V.- DE LAS CONSULTAS ESPECÍFICAS : (...)

b) en las votaciones de orden consultivo (referéndum) el ciudadano accede a una participación ciudadana que no compromete, en nada su imparcialidad en los términos del articulo 88 del Código Electoral, al no constituirse los partidos políticos en intermediadores necesarios del proceso, toda vez que el producto buscado es la legislación, a cargo del Soberano, y no la designación de representantes a través de esos partidos; c) no existe en la Ley de cita, regulación alguna sobre el tema de la parcialidad o participación política de los funcionarios estatales ni remisión expresa y puntual a lo estipulado en el artículo 88 del Código Electoral y normas conexas, por lo que, a la luz de los principios pro homine y pro libertate, debe admitirse –como regla de principio- el posible involucramiento de los funcionarios públicos en las discusiones que anteceden la consulta popular (...)”

Expuesto lo anterior, repetimos, quienes suscribimos la presente querella, creemos con toda claridad, QUE NO HAY ERRORES DE INTERPRETACIÓN. HAY UN DOLO MANIFIESTO, CLARO, COMPROBADO y PREMEDITADO, de favorecer al Presidente de la República, a su gabinete, y a otras autoridades gubernativas, con la violación evidente a la legislación.

LEGITIMACIÓN :

Los suscritos fundamentan la presente gestión en el artículo 103 de la Constitución Política, 350 del Código Penal y en los artículos 16, 74 y 392 del Código Procesal Penal, así como el artículo 307 del Código Penal.

Además, el artículo 95, inciso 3 de la Constitución, artículos 11 y 2 párrafo 2, de la Ley de Regulación del Referéndum. Artículos 19, 152, 85 inciso f, 88, 173 en relación con el artículo 80, párrafo 6, todos del Código Electoral.

El artículo 392 del Código Procesal Penal, establece la posibilidad de que cuando se denuncien delitos funcionales contra miembros de los Supremos Poderes, CUALQUIER CIUDADANO ESTÁ FACULTADO PARA CONSTITUIRSE EN PARTE POR MEDIO DE QUERELLA; INDICA LA NORMA :

ARTICULO 392.- Acción popular

Si a los miembros de los Supremos Poderes y funcionarios referidos se les imputa un delito de acción pública, esta será ejercida por el Ministerio Público, sin perjuicio del derecho de querellar que tendrá cualquier persona si se trata de un delito funcional o la víctima en los demás casos.

Si se trata de un delito de acción privada, esta será ejercida exclusivamente por el ofendido.

Tal como se indica en el artículo citado, a los suscritos les asiste legitimación, no solo para denunciar, sino también para constituirnos en parte del proceso y así lo solicitamos, pues el delito denunciado, PREVARICATO Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, claramente se enmarca dentro de los tipos penales de naturaleza funcional y los denunciados ostentan la calidad de integrantes de un Supremo Poder de la República, vid artículos 9 párrafo 3, y 100, ambos de la Constitución Política.

PRUEBAS :

A-DOCUMENTAL :

1-) Remítase exhorto a la Asamblea Legislativa a fin de que envíen a ese Despacho ad efectum videndi, los expedientes Nº 16327, y Nº 16.590, respectivamente, de los proyectos de Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales y Ley de Aprobación del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales ( U.P.O.V.), así como el expediente Nº 16.047 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC).

2-) Remítase exhorto al Tribunal Supremo de Elecciones, a fin de que envíen a ese Despacho, ad efectum videndi, el expediente relacionado con la solicitud de autorización de recolección de firmas para convocar a referéndum vinculante respecto de los proyectos de Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales y Ley de Aprobación del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (U.P.O.V). , así como el expediente relacionado con la solicitud de autorización de recolección de firmas para convocar a referéndum el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC).

3-) Publicaciones periodísticas :

Marcada con la letra “A” artículo publicado en el periódico Semanario Universidad, de fecha 09 de agosto de 2007, “ Diplomático hace campaña a favor del TLC. Objetan participación de embajador de EE.UU.”.

Marcada con la letra “B”, copia de escrito presentado por ANEP-UNDECA-ASDEICE, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, de fecha 10 de agosto de 2007, donde denuncian la intervención del Embajador de los Estados Unidos de América en la campaña del referéndum sobre el TLC.

Marcada con la letra “C”, artículo publicado en el Diario Extra, de fecha sábado 11 de agosto del año 2007, “acusan a embajador gringo (sic) de violar ordenamiento jurídico”.

Marcada con la letra “D”, artículo publicado en el periódico La Prensa Libre de fecha sábado 11 de agosto de 2007, “Señalan intromisión en campaña por referéndum. Sindicatos piden intervención del TSE ante comportamiento de embajador de EE.UU.”

Marcado con la letra “E”, publicación de artículo en el periódico La Nación de fecha 22 de setiembre de 2007, página 8-A: “Cancillería ve si embajador de EE.UU. hizo campaña”.

Marcado con la letra “F”, artículo publicado en el periódico La República de 23 de setiembre de 2007, página 9, “Cancillería verá denuncia contra embajador de EE.UU.”.

Marcado con la letra “G”, artículo publicado en el Diario Extra, de fecha lunes 8 de octubre de 2007, en su sección Nacionales: “Embajador de Estados Unidos, Mark Langdale: “Yo pedí las cartas a Washington”.

Marcada con la letra “H”, “Pírrico gane del Sí “. Artículo publicado en el periódico denominado “Semanario Universidad” de fecha 11 de octubre de 2007, en donde entre otras cosas señala lo siguiente:

“ (...) Así, hasta el final de la campaña, el propio Presidente de la República y otros funcionarios hicieron visitas a barrios marginales y empresas privadas para realizar toda clase de ofrecimientos y apoyos, de aprobarse el TLC.

Adicionalmente, EL TRIBUNAL TAMPOCO HIZO VALER SU MANDATO PARA CONTROLAR la emisión de criterios o propaganda política ( vid artículo 19, inciso g del Código Electoral) que ha de haber influido en la decisión de la población DURANTE EL PERÍODO DE TREGUA ELECTORAL, previo al 7 de octubre, como fue la difusión, primero, de declaraciones de la representante comercial de Estados Unidos, Susan Schwab, sobre la vulnerabilidad de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, en caso de no ratificar el pueblo costarricense el TLC, y luego una carta del propio presidente Bush, afirmando que su país no negociarían un nuevo tratado comercial, en caso de rechazar este Tratado. (En el texto original no aparece con mayúsculas, negrilla ni subrayado.)

La intromisión de la Embajada de EE.UU., principal firmante del TLC, a vista y paciencia del TSE, fue descarada en todo momento, a través de la actuación de su máximo funcionario, Mark Langdale, quien inclusive reconoció, ante las peguntas de UNIVERSIDAD, que solicitó a la administración Bush las cartas que se hicieron públicas en la víspera de la votación, y que trasmitieron a la ciudadanía costarricense una sensación de límite fatal en la relación con Estados Unidos, de rechazarse el TLC. ( Ver también, en esta sección: Expertos cuestionan inequidad mediática”).”

Marcada con la letra “I”, “Campaña de miedo inclinó balanza”. Artículo publicado en el Semanario Universitario, de fecha 18 de octubre de 2007: Marcada con la letra “J”: “El país está en resistencia luego del referendo”. Artículo publicado en el Semanario Universitario, de fecha 25 de octubre de 2007.

Marcada con la letra “K”, otras publicaciones.

PRUEBA TESTIMONIAL :

Cuando se eleve a juicio, oportunamente presentaremos la prueba testimonial.

PETICIÓN :

Con base en los Hechos expuestos, normas legales indicadas, respetuosos solicitamos :

a) Proceda la Corte Plena a dar curso a la Acción penal por los presuntos delitos denunciados de Prevaricato y Desobediencia a la Autoridad contra la Magistrada y Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones Dra. EUGENIA MARIA ZAMORA CHAVARRIA, Dr. LUIS ANTONIO SOBRADO GONZÁLEZ, y Dr. MAX ALBERTO ESQUIVEL FAERRON.

b) Se tenga a los suscritos como parte en el proceso penal que se tramita.

c) Conforme lo permite el artículo 103 del Código Penal en el momento procesal oportuno solicitaremos la anulación de la sentencias dictadas por prevaricato.

COMENTARIO FINAL :

En los 186 años que tiene el Poder Judicial de funcionamiento en nuestro país, no ha habido un solo operador de Derecho condenado por el delito de prevaricato.

Es conveniente reflexionar sobre los extremos contenidos en una acusación (denuncia de Juan Antonio Moya vs. F. Castro y Cía el 16 de enero de 1911 ) y el consiguiente dictamen del Congrego –hoy Asamblea Legislativa-, ocurrido en el año 1911, y que nos permitimos transcribir en lo conducente :

“(...) Gran respeto inspiraba el Poder Judicial. Lo circundaba una como aureola de opinión, de prestigio, que lo colocaba fuera y sobre toda discusión, a que se hallaban sometidos los demás poderes del Estado. Andando el tiempo el personal fue cambiando, y al amparo de esta circunstancia nacieron las camarillas de paniaguados, los favoritos, que tanto lo han desacreditado, y en obsequio de quienes hubo que sacrificarse el interés general y la majestad de la ley. ¡Ay de los que principiamos a discutir su imparcialidad! ¡Ay de los que principiamos a discutir su sabiduría! Para estos relapsos, el garrote grueso, las venganzas ruines, las derrotas inusitadas (...)”. Así comenzaba la acusación por prevaricato contra los magistrados don Alejandro Alvarado, Dr. Antonio Zambrana y otros.

Seis meses tardó la tramitación de la denuncia. Los acusados no ofrecieron más argumento que el examen del expediente, porque las sentencias judiciales se defienden solas. Los diputados consideraron “un absurdo” la decisión cuestionada “y la sentencia que lo declara, un adefesio” por oponerse al artículo 693 del Código Civil, más los exculparon: “La honorabilidad de aquellos viejos Magistrados de Casación, su hombría de bien, su edad y sobre todo su empeño en corresponder siempre a la confianza que la Representación Nacional les dispensó al elegirlos, los pone a cubierto de ese delito gravísimo que supone en el agente una inmoralidad que aquellos Jueces no conciben siquiera. Padecer un error de criterio no es delinquir. Por eso, opinamos que la acusación debe ser desestimada”.

Más adelante la acusación de marras agregó que el Congreso había acogido el dictamen de la comisión legislativa y dijo : “no lo constituye por sí sola la infracción de ley clara, expresa y vigente, sino que debe coexistir manifiesto el intento doloso de violarla, y este no es atribuible en manera alguna a aquel Alto Tribunal integrado por jueces cuya honorabilidad y rectitud son evidentes”, y decidió : “Declárase no haber lugar a formación de causa contra los mencionados funcionarios por la delincuencia que la acusación imputa”[1]

Es bueno recordar –repetimos- que en Costa Rica nunca se ha condenado un juez por el delito de PREVARICATO.

Reiteramos, tiene nuestro Poder Judicial 186 años de funcionamiento, ¿será que a los señores jueces todavía se les aplican los “conceptos” relacionados en ese dictamen?, ¿seguirá viendo el pueblo costarricense una impunidad absoluta de los jueces que han cometido prevaricato?.

NOTIFICACIONES :

Señalamos para recibir notificaciones la oficina del suscrito, JOSE MIGUEL CORRALES BOLAÑOS, ubicada en San José, avenida central, calles cinco y siete, Edificio Primavera, segundo piso.

San José, 04 de febrero de 2008

JOSE MIGUEL CORRALES BOLAÑOS CELIMO GUIDO CRUZ

EUGENIO TREJOS BENAVIDES JOSE MERINO DEL RÍO

OSCAR ANDRES LOPEZ ARIAS MARIANO FIGUERES OLSEN

KIRA DE LA ROSA ALVARADO WALTER ANTILLON MONTEALEGRE

OSCAR CAMPOS CHAVARRÍA MARIA DAGMARE FACIO FERNÁNDEZ

JOSE RAFAEL QUESADA JIMÉNEZ GUILLERMO ELADIO QUIRÓS ALVAREZ

STEVEN ALFARO ARNÁEZ

[1] La Gaceta, 22 junio 1911. “La descalificación de los magistrados”, La Prensa Libre, 22 junio 1911.