Derecho a protestar
Esa teoría sostenida por el Gobierno y sus 38 diputados, de que la aprobación del TLC en el referendo equivale a la aceptación de los proyectos de una supuesta agenda de implementación, no tiene asidero legal ni moral.
 | Todas las personas, las que votaron por el SÍ y las que votaron por el NO, e incluso las que no votaron, tenemos el derecho de oponernos y de protestar contra ese paquetazo de proyectos como si se tratara de cualquier ley. |
No pueden tacharnos de subversivos, de antidemocráticos, ni pueden decir que irrespetamos la voluntad de las mayorías por ejercer nuestro legítimo derecho de protesta.
En el referendo se votó el TLC y nada más. Y se hizo así precisamente porque así lo quisieron el Poder Ejecutivo, al plantear su solicitud, el Poder Legislativo, al tramitarla, y el Tribunal Supremo de Elecciones, al acogerla.
Para justificar sus acusaciones e insultos los demócratas de pacotilla sostienen que esos proyectos de ley son un requisito indispensable para que el TLC entre en vigencia, de forma que al oponernos a los mismos estaríamos desconociendo el resultado del referendo. Rayando en el cinismo, asocian el referendo con los proyectos de implementación y dicen que el 07 de octubre se decidieron también esos proyectos, sabiendo que la campaña de referendo en ningún momento abarcó la agenda de implementación, y que aun al día de hoy muchas de esas iniciativas están sufriendo modificaciones en la Asamblea.
En realidad es cuestionable esa posición de que los 13 proyectos de implementación son un requisito indispensable para que el TLC entre en vigencia. Sin embargo, asumiendo que es cierto que debemos aprobar algunos proyectos de ley para implementar el TLC, eso no quiere decir que tengamos que aprobar cualquier clase de proyecto.
Por desgracia el presidente Arias y sus 38 diputados, irresponsablemente, sin ningún sustento, están actuando como si el resultado del referendo fuera un cheque en blanco, un voto de confianza, una autorización para hacer lo que les da la gana con la agenda de implementación.
Reprimen física y psicológicamente al pueblo para que no proteste en las calles, y en la Asamblea Legislativa ningunean a los diputados de la oposición mediante groseras interpretaciones del Reglamento, de forma que, según ellos, no nos queda más que sentarnos y aceptar lo que sea.
Pero NO. Tenemos derecho a protestar y a tirarnos a la calle contra los proyectos que creamos inconvenientes, y la prepotencia y la arbitrariedad con que está actuando el oficialismo, al ignorar por completo a casi la mitad de los costarricenses, legitima completamente nuestra resistencia.