Referendo por las plantas y semillas
El Tribunal Supremo de Elecciones acogió para su estudio una solicitud para que se vuelva a realizar un proceso de referendo con relación a dos proyectos de la llamada agenda de implementación del TLC.
Se trata del convenio internacional UPOV-91 y la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, proyectos que beneficiarían a las grandes transnacionales que se especializan en patentar plantas y semillas, y que de seguir su curso normal estarían votándose en la Asamblea Legislativa en las próximas semanas.
Entre los precursores de la iniciativa se encuentra el tres veces diputado y ex candidato a la presidencia de la República, José Miguel Corrales Bolaños, a quien el presidente Arias, en complicidad con una Asamblea Legislativa complaciente y un inservible Tribunal Supremo de Elecciones, le robó el mandado en el pasado referendo.
Si la propuesta cuenta con todos los requisitos necesarios, el Tribunal Supremo de Elecciones tendría que autorizar la recolección de firmas, trámite que debería cumplirse a más tardar en el plazo de nueve meses. Si los solicitantes son capaces de recolectar una cantidad de firmas correspondiente al 5% del padrón electoral, se convocaría nuevamente a referendo.
El Gobierno sostiene la teoría de que todos los proyectos de la agenda de implementación deben estar aprobados antes del 01 de marzo del 2008 para que el TLC entre en vigencia, de lo contrario habría que solicitarle una prórroga a los demás países que forman parte del convenio internacional, o bien quedar fuera del mismo. Aun así, esta teoría ha sido rebatida por distintos grupos de la oposición, afirmando que lo que busca el Gobierno es aprobar las leyes a golpe de tambor para que el pueblo no las conozca.
Por eso, aunque la regla general es el silencio, algunos voceros del régimen han salido a la luz pública para restarle importancia al hecho, afirmando que los proyectos particulares no son meritorios de que se convoque a consulta popular, mientras que otros la han considerado una propuesta antidemocrática pues, a su criterio, al no entrar en vigencia el TLC en el plazo indicado, se desconocería la voluntad popular manifestada en el pasado referendo.
De acuerdo al Tribunal Supremo de Elecciones, por la importancia del caso, y aunque la ley no fija un plazo específico, se pronunciaría al respecto lo antes posible.
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