Sigue el show
Abanderados del Sí al TLC estrenaron otro capítulo del “reality show” que en Costa Rica llamamos política y conformaron el grupo “Defensa del referéndum”.
La finalidad de la agrupación es la de presionar a los diputados de oposición para que permitan la aprobación del paquetazo de proyectos que forman parte de la llamada agenda de implementación del TLC, proyectos entre los que se encuentran los de privatización de las telecomunicaciones y de los seguros, así como los convenios internacionales UPOV y Budapest.
El oficialismo considera que si esas leyes son indispensables para que el TLC entre en vigencia, los diputados que se oponen a las mismas estarían desconociendo el resultado del referendo, o dicho de manera rimbombante, ignorando la voluntad popular expresada en las urnas.
Aunque el régimen de los Arias cuenta con votos de sobra para aprobar los proyectos en la Asamblea Legislativa, tiene el factor tiempo en su contra, pues la teoría oficial es que las iniciativas de ley deberían estar aprobadas a más tardar el 29 de febrero del 2008 para que Estados Unidos certifique el TLC.
En ese sentido, el oficialismo espera que los diputados de oposición no hagan nada, que permitan que los proyectos se aprueben a golpe de tambor, y principalmente que se aprueben sin cuestionamientos.
Y es que para el gobierno la aprobación del TLC en el referendo es un cheque en blanco para hacer lo que le da la gana con la agenda de implementación. Se habla de que, mediante las leyes de implementación, la alianza oficialista de 38 diputados pretende ir más allá de lo establecido en el TLC.
Sin embargo el Tribunal Supremo de Elecciones resolvió en su momento que el referendo se refería al TLC y no a los proyectos de la agenda de implementación, que seguirían su trámite normal en la Asamblea.
Este criterio fue completamente compartido por los hermanos Arias Sánchez, que pretendían aprobar las leyes de implementación aunque en el referendo se rechazara el TLC. No fue sino hasta que faltaban pocos días para le celebración del referendo que el presidente Arias, con cálculo politiquero, salió a los medios diciendo que la agenda de implementación debería seguir la misma suerte del TLC.
El grupo “Defensa del referendo” surge en momentos en que el régimen y sus lacayos, envalentonados por el poder del dinero, dirigen una impía campaña de desprestigio contra el Partido Acción Ciudadana, principal fuerza opositora, achacándole la responsabilidad por el atraso que estaría sufriendo la agenda de implementación, así como por todas las desgracias que ocurren en nuestro país.
Antes de que se realizara el referendo el PAC, temiendo que el Gobierno insistiera con aprobar la agenda de implementación aun en el caso de que se rechazara el TLC, les propuso a los Arias en varias ocasiones que llegaran a una especie de acuerdo político según el cual el resultado del referendo se aplicaría al TLC y a la agenda de implementación, no obstante el Gobierno rechazó la posibilidad una y otra vez, y como se dijo, fue a pocos días del referendo que el presidente Arias, aplaudido por los grandes medios de incomunicación, se dejó decir que desistiría de impulsar los proyectos de implementación si se rechazaba el TLC en las urnas.
Ya para ese momento el PAC, a falta de una respuesta seria de parte del Gobierno, había manifestado que en caso de que se aprobara el TLC en el referendo esa agrupación consideraría los proyectos de implementación como independientes del TLC y del referendo, posición que reforzaron con el criterio de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones.
Además, en cuanto a la tan vitoreada voluntad popular expresada en las urnas, lo cierto es que la campaña de referendo se centró en el TLC y no en la agenda de implementación, y todavía a estas alturas la mayoría de costarricenses ignora por completo el contenido de esas leyes.
Vale la pena destacar que los autodenominados “defensores del referendo”, politiquillos de perfil muy bajo, no se vieron por ningún lado cuando en verdad había que defender la institución democrática del referendo, de forma que lo que estarían defendiendo ahora sería uno de los mayores fraudes de la historia costarricense.