Desmantelaron el ICE
El día de hoy, 13 de febrero del 2008, en horas de la mañana los diputados del bloque oficialista aprobaron en primer debate la Ley General de Telecomunicaciones, uno de los dos proyectos de desmantelamiento del Instituto Costarricense de Electricidad.
Aunque la tónica en la alianza oficialista ha sido, para efectos de ahorrar tiempo, la de quedarse callados cuando se “discuten” los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, tratándose de un tema de tanta trascendencia para nuestro país como la privatización de las telecomunicaciones, la mayoría de ellos aprovecharon los últimos diez minutos de que disponían para hablar por el fondo del proyecto y se lavaron las manos ante la opinión pública anunciando los maravillosos beneficios que generaría la aprobación de dicha legislación.
La iniciativa legislativa forma parte de la llamada agenda de implementación del TLC, que fue aprobado mediante referendo el pasado 07 de octubre, aunque es de conocimiento público que la apertura de las telecomunicaciones, así como la apertura de los seguros, se incluyeron en el convenio internacional por iniciativa de los negociadores costarricenses, representantes de un sector oligárquico que desde hace muchos años viene tratando de meter mano en negocios tan lucrativos.
Todos los diputados del Partido Acción Ciudadana, así como sus compañeros del Partido Frente Amplio y Partido Accesabilidad Sin Exclusión, votaron negativamente la propuesta, mientras 36 diputados de la alianza oficialista votaron afirmativamente.
Se abstuvo de votar el proyecto la diputada independiente Evita Arguedas, accionista en compañías que son dueñas de 138 concesiones sobre radiofrecuencias de las consideradas comercialmente relevantes. La diputada se comprometió a no votar el proyecto en el Plenario desde que la Procuraduría de la Ética le recomendó abstenerse de votar dicha iniciativa en su trámite de comisión por posible conflicto de intereses.
Tampoco votó el socialcristiano Bienvenido Venegas, que en los últimos días manifestó su posición de no votar más proyectos de la agenda de implementación sino hasta que el Gobierno se comprometa a brindar un verdadero apoyo a la provincia de Puntarenas.
El proyecto se aprobó mediante la vía rápida establecida en el artículo 208 bis del Reglamento Legislativo, a pesar de que la norma expresa que ese procedimiento no puede aplicarse a la ruptura de monopolios.
Y es que el oficialismo sostiene la teoría de que el Instituto Costarricense de Electricidad ostenta sobre las telecomunicaciones un monopolio de hecho y no de derecho, o sea, que no estaría consagrado en la ley, posición que no es compartida por la oposición.
Más bien para algunos diputados de oposición el oficialismo sostiene ese criterio por puro oportunismo político pues, ante la decisión de Evita Arguedas, no contarían con los 38 votos que de acuerdo a la ley se necesitan para romper un monopolio público.
La Sala Constitucional será la que tenga la última palabra, ya que los diputados de oposición afirmaron que elevarían el expediente en consulta de constitucionalidad para que se resuelva sobre ese y otros cuestionamientos. De acuerdo al diputado Oscar López, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, la tramitación del proyecto además adolece de un vicio substancial insubsanable, pues mediante el mismo se le estarían otorgando amplias facultades a un órgano denominado Superintendencia de las Telecomunicaciones, sin embargo dicho ente aun no existe, ya que el proyecto que lo crearía aun se está discutiendo en la Asamblea Legislativa.
La Sala Constitucional tendría como máximo el plazo de un mes para pronunciarse en cuanto a las posibles consultas, y si no encuentra ningún vicio en el procedimiento, el proyecto volvería al Plenario para que los diputados lo voten en segundo debate.
La Ley General de Telecomunicaciones es uno de los proyectos de implementación que ha causado más controversia en nuestro país, situación que se evidenció en la vehemencia de las intervenciones realizadas por los diputados en los diez minutos que disponían para hablar por el fondo del mismo.
Para los opositores, con la aprobación de la iniciativa las telecomunicaciones dejarán de ser un servicio público para convertirse en un “servicio disponible al público”, como se establece en el proyecto. Consideran asimismo que se rompe con el sistema de solidaridad y universalidad que ha caracterizado al Instituto Costarricense de Electricidad, que en lo sucesivo tendría que regirse por las reglas del mercado. Han condenado, igualmente, que el otorgamiento de concesiones se realizaría bajo criterios políticos, y que el monto que las compañías tendrían que destinar a Fonatel (fondo nacional de telecomunicaciones) es insuficiente para ayudar a los sectores más vulnerables, pues mientras en otros países se establece hasta un 11% de las ganancias brutas, en nuestro país el monto oscilaría entre el 1.5% y el 2%, a pesar de que durante la campaña de referendo se hablaba del 6% y hasta de un 8%.
La discusión en el Plenario terminó en medio de la polémica, cuando el presidente del Directorio Francisco Antonio Pacheco le negó la palabra a la diputada Andrea Morales. En el momento que Pacheco tuvo por “suficientemente discutido” el proyecto, cerrando con ello el trámite respectivo, la diputada reaccionó diciendo que ella recién se había apuntado en la lista, y que por lo tanto tenía derecho a utilizar sus diez minutos, sin embargo el Directorio se mantuvo firme en su decisión, y después de más de una hora de estar discutiendo si la diputada Morales podía o no podía hablar, exactamente a las once de la mañana, se concluyó la respectiva sesión de venta del ICE.
El Instituto Costarricense de Electricidad se creó el 08 de abril de 1949, y durante sus casi 60 años de existencia contribuyó enormemente en el desarrollo de nuestro país colocándose a nivel mundial como un pionero en las ramas de la electricidad y las telecomunicaciones.